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España aprueba su ley de inteligencia artificial y refuerza el papel de la AESIA
España ha aprobado su ley orgánica de inteligencia artificial, que adapta el reglamento europeo al marco nacional y refuerza a la AESIA como autoridad supervisora. La norma establece un régimen de sanciones de hasta 35 millones de euros y consolida los sandbox regulatorios, tras concluir el primero
España continúa consolidando su papel como uno de los países pioneros en Europa en materia de regulación de la inteligencia artificial. En 2026, el país ha dado un paso decisivo al aprobar su propia ley orgánica sobre esta tecnología, que adapta el reglamento europeo al marco nacional y refuerza el papel de la agencia encargada de supervisar su uso responsable.
La nueva ley orgánica de IA
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, una norma que desarrolla el reglamento europeo y lo adapta a la realidad española. El proyecto de ley se publicó en el boletín oficial de las Cortes el 12 de junio de 2026 y ha seguido su tramitación parlamentaria en fase de enmiendas.
Esta ley española se enmarca dentro del reglamento europeo de inteligencia artificial, conocido como AI Act. El objetivo de la norma nacional es garantizar un uso de la inteligencia artificial que sea fiable, ético y respetuoso con los derechos de los ciudadanos, estableciendo obligaciones claras tanto para las empresas como para las administraciones públicas.
AESIA, la agencia supervisora
El eje central del nuevo marco regulatorio es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, conocida por sus siglas AESIA. Esta agencia actúa como la principal autoridad de vigilancia del mercado y como punto de contacto único, además de gestionar los espacios controlados de pruebas y recibir las reclamaciones de ciudadanos y entidades.
La creación de la AESIA sitúa a España en una posición de liderazgo, ya que se trata de la primera agencia europea dedicada específicamente a la supervisión de la inteligencia artificial. Este protagonismo se apoya en la experiencia previa del país, que presidió el Consejo de la Unión Europea en 2023 e impulsó de forma activa la aprobación del reglamento europeo.
El régimen sancionador
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es su régimen de sanciones, que resulta especialmente severo para las prácticas más graves. En el caso de las prácticas prohibidas, las multas pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7 por ciento de la facturación global de la empresa infractora, aplicándose la cantidad que resulte mayor.
Para el resto de infracciones, la ley establece una escala proporcional. Las infracciones muy graves se sancionan con hasta 15 millones de euros o el 3 por ciento de la facturación, mientras que las graves llegan a 7,5 millones de euros o el 1 por ciento. Las infracciones leves, por su parte, pueden acarrear multas de hasta 500.000 euros o el 0,5 por ciento.
Más allá de las multas económicas, la norma contempla medidas adicionales de gran alcance. Entre ellas figuran la retirada de sistemas del mercado, su desconexión, la imposición de prohibiciones, las multas coercitivas y la publicación coordinada de las sanciones impuestas, lo que refuerza notablemente el carácter disuasorio del marco sancionador español.
Coordinación institucional
La supervisión de la inteligencia artificial no recae únicamente en la AESIA, sino que se articula mediante una coordinación con otros organismos. La Agencia Española de Protección de Datos mantiene un papel decisivo en el ámbito de la biometría, los datos personales y las fronteras, mientras que el Consejo General del Poder Judicial interviene en el sector de la justicia.
Asimismo, la Dirección General de Inteligencia Artificial actúa como autoridad notificante para determinados sistemas de alto riesgo recogidos en el anexo tercero del reglamento. Los supervisores sectoriales mantienen sus competencias en áreas como las finanzas, los seguros y la seguridad de los productos, configurando un sistema de vigilancia repartido entre varias autoridades.
Obligaciones del sector público
La ley también impone obligaciones específicas a las administraciones públicas. Estas deberán registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilicen, informar sobre su uso y mantener un inventario nacional interoperable. Además, se exige la designación de un delegado de inteligencia artificial que cuente con los conocimientos técnicos y regulatorios necesarios para esa función.
El primer sandbox de IA de Europa
En paralelo a la aprobación de la ley, España ha concluido con éxito el primer sandbox regulatorio de inteligencia artificial de la Unión Europea. Esta iniciativa pionera recibió 44 solicitudes, procedentes de 18 pequeñas y medianas empresas, 6 startups y una empresa francesa, y se desarrolló en tres fases estructuradas de formación, análisis y verificación del cumplimiento.
El proyecto contó con una inversión aproximada de 4,3 millones de euros, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El acto de clausura se celebró el 12 de junio de 2026 y contó con la participación de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y de Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial.
En conclusión, con la aprobación de su ley orgánica, el refuerzo de la AESIA y la conclusión del primer sandbox europeo, España afianza su posición como referente en la regulación de la inteligencia artificial. El desafío ahora será aplicar estas normas de forma eficaz, protegiendo los derechos de los ciudadanos sin frenar la innovación. Los datos citados proceden de fuentes oficiales del Gobierno de España.
