España regula la inteligencia artificial: nueva ley, sanciones millonarias y el primer sandbox de IA de Europa

España está dando pasos decididos para situarse a la vanguardia europea en la regulación de la inteligencia artificial. Durante el año 2026, el país ha combinado el impulso de una nueva ley específica con iniciativas pioneras que buscan garantizar un uso seguro, ético y responsable de esta tecnología en constante evolución.

Un proyecto de ley orgánica para la IA

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la tramitación de un proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Según la información disponible, este texto fue publicado el 12 de junio de 2026 en el Congreso de los Diputados, iniciando así su recorrido parlamentario formal.

La norma tiene como objetivo adaptar al ordenamiento español el reglamento europeo conocido como AI Act. Con ella, España pretende establecer un marco claro que defina las responsabilidades, las obligaciones y las garantías necesarias para que el desarrollo de la inteligencia artificial se produzca dentro de unos límites bien delimitados.

El papel de AESIA y otras autoridades

La pieza institucional clave de este entramado es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, conocida por sus siglas AESIA. Este organismo actúa como autoridad central de vigilancia del mercado y como punto de contacto único, convirtiéndose en el primer organismo de este tipo creado en toda Europa.

No obstante, AESIA no actúa en solitario, sino que comparte competencias con otras instituciones. La Agencia Española de Protección de Datos conserva sus funciones en materia de biometría, datos y fronteras, mientras que el Consejo General del Poder Judicial interviene en los asuntos relacionados con la justicia y la aplicación de la norma.

Sanciones de hasta 35 millones de euros

El proyecto de ley establece un régimen sancionador riguroso, con multas que varían en función de la gravedad de la infracción cometida. En el caso más severo, el de las prácticas prohibidas, las sanciones pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocios mundial de la empresa infractora.

Para el resto de infracciones, la escala también resulta considerable. Las infracciones muy graves pueden acarrear multas de 15 millones de euros o el 3 por ciento del volumen de negocios, las graves de 7,5 millones de euros o el 1 por ciento, y las leves de 500.000 euros o el 0,5 por ciento, según la casuística concreta de cada caso.

Nuevas obligaciones y garantías

Más allá de las sanciones, la futura ley introduce diversas obligaciones y mecanismos de control. Entre ellos figuran los espacios controlados de pruebas, conocidos como sandboxes, que tendrán carácter obligatorio, así como una ventanilla única destinada a canalizar las reclamaciones por posibles incumplimientos de la normativa.

El texto contempla igualmente la creación de un registro nacional interoperable de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el sector público, además de la figura del delegado de IA dentro de las administraciones. Con estas medidas se busca reforzar la transparencia y el control sobre el uso de la tecnología en el ámbito público.

Protección de derechos fundamentales

La norma presta especial atención a los ámbitos más sensibles del uso de la inteligencia artificial. Entre sus prioridades se encuentran la protección de los menores y la lucha contra los llamados deepfakes, es decir, los contenidos falsos generados de forma artificial que pueden inducir a engaño a la ciudadanía con facilidad.

Asimismo, el proyecto insiste en la necesidad de garantizar la transparencia en los contenidos generados por inteligencia artificial y de asegurar la supervisión humana en aquellas decisiones que puedan tener un impacto directo sobre los derechos fundamentales de las personas, un principio que se considera absolutamente esencial.

El primer sandbox de IA de Europa

Paralelamente al avance legislativo, España ha logrado un hito de gran relevancia al concluir el primer entorno controlado de pruebas de inteligencia artificial de toda Europa. Este proyecto pionero finalizó el 12 de junio de 2026 y contó con una inversión aproximada de 4,3 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación.

La iniciativa despertó un notable interés, ya que se recibieron un total de 44 solicitudes procedentes de 18 países distintos. Finalmente participaron 18 pequeñas y medianas empresas, 6 empresas emergentes y una compañía francesa, que atravesaron un programa estructurado en tres fases de formación, análisis y verificación del cumplimiento.

Apoyo a las empresas y próximos pasos

El cierre del evento corrió a cargo de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz. Como fruto de esta experiencia se han elaborado diversas guías técnicas y de buenas prácticas, y está previsto abrir nuevas convocatorias de sandbox en el marco del proyecto de ley aprobado el 26 de mayo de 2026, con especial atención a las pymes y a las startups.